- Purgaba dos condenas, por el asesinato de su exesposa y por desvía de recursos públicos
El político tabasqueño y expriista, Martín Medina Sonda, fue encontrado sin vida en la celda que ocupaba dentro del Centro de Reinserción Social (CRESET) de Tabasco. Presuntamente, él se quitó la vida y hallaron su cuerpo el lunes 25 de agosto.
El gobernador Javier May dio la noticia ante los medios de comunicación y señaló que inició una investigación sobre lo sucedido.
“Todo parece que fue suicidio”, sostuvo el mandatario.
El empresario y político cumplía una condena de 50 años por el feminicidio de Emma Gabriela, su exesposa, a quien mandó a asesinar cuando él ya estaba en prisión, con una sentencia de 12 años, por desvío de recursos públicos, desde 2014.
De acuerdo con los relatos de la investigación, Emma Gabriela Molina sufrió las violencias más aterradoras a las que una mujer en México se puede enfrentar ejercidas por su pareja y en su hogar.
Estuvo casada durante 16 años con el empresario y político priista tabasqueño, con quien procreó tres hijos y junto con ellos, Molina, vivió durante mucho tiempo violencia física, psicológica, económica y patrimonial.
Cuando Emma logró divorciarse, Medina Sonda, haciendo uso de todo su poder y de su cercanía con el entonces gobernador de Tabasco, Andrés Granier, ordenó su secuestro y detención. Emma estuvo presa durante cuatro meses.
Porteriormenete, Medina secuestró a sus hijos, a quienes les impidió ver a su madre durante dos años.
Y finalmente, Emma Gabriela murió por 11 puñaladas que recibió afuera de su casa, en Mérida, Yucatán, el 27 de marzo de 2017. Medina Sonda, su exmarido, la mandó asesinar desde la cárcel.
Uno menos en el ajedrez de la maldad y perversidad
Tan pronto se propagó la noticia de la muerte de feminicida, surgió, en redes sociales y en la conversación pública, una ola de suspicacia en torno al otrora poderoso empresario ligado al PRI.
Ligia Canto, la madre de Emma, pidió a las autoridades que la dejaran verificar personalmente el deceso.
Canto, convertida como miles de mujeres en México en una activista social tras el feminicidio de su hija, se enteró de la muerte del empresario al ver las noticias y por una oleada de mensajes que llegaron a su teléfono para preguntar si ya se había enterado.
Viajó a Tabasco, en donde pudo comprobar la muerte de Medina Sonda.
“Siento que hay uno menos en ese ajedrez de maldad y perversidad. Sin embargo, todavía faltan muchos”, expuso vía telefónica al diario El País.
Canto se refiere a todo el aparato familiar, empresarial y político que hizo posible el acoso no solo a Emma Gabriela —Gabi, como ella le llama a su hija— sino a toda su familia.
Ella misma estuvo presa durante 10 días en el penal federal de Puente Grande, en Jalisco, después de que en agosto de 2014 agentes de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) la interceptaran en una carretera de Yucatán, y la trasladaran directamente al centro penitenciario. La acusaron de violar la Ley de Instituciones de Crédito por una presunta clonación de tarjetas de crédito.
El caso, que incluía a sus hijos, después, gracias a la presión de activistas y medios de comunicación, fue desechado por la justicia al no encontrar pruebas.
Ligia recuerda que esa fue una de las estrategias que usaron para tratar de intimidar a la familia entera y para que Gabi, quien había recuperado entonces la custodia limitada de sus hijos —pero que permanecía en Yucatán sin poder salir del Estado por órdenes judiciales—, saliera de su casa y fuera nuevamente encarcelada.
Cuenta que parte de los recursos económicos destinados a asediar a su hija salieron de depósitos de una de las muchas empresas vinculadas al político, sobre todo denuncia a la española Fundación Heres, de la que, asegura, salieron recursos pagados a uno de los asesinos materiales para que vigilara a Gabi.
Asimismo, ya era de conocimiento público que en mayo de 2012, Gabi había sido secuestrada por agentes judiciales de Tabasco, quienes la agredieron y golpearon brutalmente y la condujeron a la cárcel, donde pasó cuatro meses acusada de robo de autos. Luego se demostró que los cargos eran falsos.
“Nunca nos dejaron tranquilos”
Desde 2007, Emma Gabriela comenzó a sufrir una violencia extrema por parte de su marido. Se divorció y después de ser secuestrada en 2012, su expareja aprovechó para sustraer a sus tres hijos, a quienes mantuvo escondidos durante dos años.
En ese tiempo, según información obtenida por El País, Gabi, con sus apariciones y manifestaciones públicas, plantada afuera de las instituciones de Gobierno, se convirtió en una activista que pedía desesperadamente le ayudaran a recuperar a sus hijos.Lo consiguió en 2015, pero las amenazas aumentaron.
El 27 de marzo de 2017, dos sicarios contratados por Medina Sonda, quien ya estaba dentro de la cárcel cumpliendo la pena por desvío de recursos públicos, asesinaron a Gabi.
El acoso a la familia tampoco se detuvo. Y aún hoy, después de la muerte de Martín Alberto Medina Sonda, Ligia Canto asegura que jamás ha cesado el asedio por parte de la familia del empresario.
“Nunca nos dejaron tranquilos. Siempre teníamos gente que nos vigilaba. Sobre todo desde que Gabi recuperó a sus hijos”, declaró a El País.
En 2019, Medina Sonda fue hallado culpable como autor intelectual del feminicidio de Gabi y recibió una condena de 50 años de prisión, años que se sumaban a los que ya cumplía por el otro delito.
“La de Emma fue una muerte anunciada”, decía unos meses después del feminicidio, una senadora de Yucatán, el Estado al que Emma se refugió con sus hijos, antes de ser asesinada. Su madre y su familia coinciden.
El acoso judicial y las amenazas que recibió Emma Gabriela fueron de conocimiento público. Incluso, Gabi y su madre confrontaron en dos ocasiones al entonces presidente Enrique Peña Nieto en visitas que hizo a Yucatán.
Entregaron su expediente al mandatario, y un año después fueron informadas de que su caso se había turnado al Instituto Nacional de Mujeres.
También la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación, en 2014, a las autoridades federales y estatales para que garantizaran la seguridad de Emma y su familia, y pidió que fueran inscritas en el Registro Nacional de Víctimas.
Las autoridades no respondieron y, en consecuencia, Emma no recibió ninguna medida de protección. Fue asesinada.
Actualmente, Ligia Canto se encarga de la crianza y manutención de sus tres nietos, que ahora son mayores de edad.
A pesar de los años transcurridos, todavía no tiene una reparación del daño y pide que lo haya; además, denuncia un absoluto abandono por parte de las autoridades, en un proceso legal que ha tenido que sostener económicamente sin ayuda y que ha dejado “en la miseria” a su familia.
Desea que el feminicidio anunciado de su hija sirva de ejemplo para ayudar a las mujeres que se atreven a denunciar.
