- La reforma, parte del Paquete Económico 2026, estima una recaudación superior a los 157 mil millones de pesos. Oposición la califica de recaudatoria y regresiva.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la reforma a la Ley Federal de Derechos 2026, iniciativa incluida en el Paquete Económico del próximo año. Con 352 votos a favor y 133 en contra, la mayoría parlamentaria avaló sin modificaciones el proyecto impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. El dictamen fue enviado al Senado para su discusión y eventual ratificación.
La reforma contempla actualizaciones e incrementos en cuotas que el Estado mexicano cobra por distintos servicios, con el objetivo de fortalecer los ingresos públicos y alcanzar una recaudación de más de 157 mil millones de pesos.
Nuevas tarifas impactan trámites migratorios, turismo, telecomunicaciones y servicios culturales
Entre los ajustes más relevantes se encuentran los relacionados con trámites migratorios, acceso a museos, navegación aérea, agua, y zonas federales marítimo-terrestres.
Migración
Los nuevos costos para visitantes extranjeros sin permiso para trabajar aumentan de 860 a 983 pesos. Para residentes temporales, los incrementos son escalonados:
1 año: de 5,328 a 11,740 pesos
2 años: de 7,984 a 16,693 pesos
3 años: de 10,112 a 21,142 pesos
4 años: de 11,984 a 25,907 pesos
El trámite para residencia permanente también sube: de 6,494 a 13,578 pesos.
También se introducen nuevos derechos como el cobro de 297.89 pesos por la autorización para visitar embarcaciones en navegación de altura (cruceros), y 294.01 pesos por la expedición del permiso de salida del país para menores de edad y personas bajo tutela jurídica.
Museos y zonas arqueológicas
Las tarifas para acceder a sitios culturales registran aumentos de hasta 118%. En los recintos clasificados como Categoría I —como Teotihuacán, Monte Albán, Tulum o el Museo Nacional de Antropología— el precio pasa de 95.58 a 209.09 pesos.
Categoría II (Comalcalco, Dzibanché, Malinalco): de 78.71 a 156.75 pesos
Categoría III (La Venta, Izapa): de 73.09 a 143.69 pesos
Se crea una Categoría IV con tarifa fija de 104.50 pesos, aplicable a Chichén Itzá, Uxmal y Dzibilchaltún
Aumentos también en aeronáutica, agua y servicios financieros
En el sector aeronáutico, el servicio de certificación mediante vuelos de inspección sube 57%, de 134 mil a 211 mil 618 pesos por hora de vuelo. Las tarifas para licencias y certificados de personal aeronáutico aumentan hasta en 20%, mientras que los certificados de aeronavegabilidad se elevan en 32%.
Los servicios de inspección financiera brindados por la CNBV a entidades del sistema financiero también se encarecen un 16%.
En el rubro de recursos naturales, se eliminan exenciones previas relacionadas con el uso del agua, playas y terrenos ganados al mar. Las cuotas por aprovechamiento de bienes nacionales también fueron actualizadas.
Telecomunicaciones: exención para radios comunitarias
La reforma establece que los medios comunitarios y afromexicanos estarán exentos del pago por el uso del espectro radioeléctrico, siempre que su operación tenga fines educativos, científicos, culturales o comunitarios sin fines de lucro.
Reacciones: críticas de la oposición y defensa del oficialismo
Desde la bancada oficialista, el diputado de Morena Francisco Javier Estrada justificó los aumentos al señalar que las cuotas deben “reflejar el costo real de los servicios públicos”. A su vez, Juana Acosta Trujillo (Morena) aseguró que la reforma busca una administración pública “más justa y eficiente”, mientras que el legislador del Partido Verde Óscar Bautista calificó el ajuste como una “decisión política responsable” para garantizar sostenibilidad y equidad.
Sin embargo, la oposición arremetió contra la reforma, acusándola de ser regresiva y afectar a los sectores más vulnerables.
Noemí Luna (PAN) denunció incrementos de hasta 100% en trámites migratorios, sin beneficios tangibles para la ciudadanía.
Eduardo Gaona (Movimiento Ciudadano) advirtió sobre posibles violaciones a los derechos humanos, especialmente en temas de acceso a la cultura y servicios básicos.
Jericó Abramo Masso (PRI) calificó los aumentos como “desmedidos” y sin un plan claro para fortalecer las finanzas públicas de fondo.
Ana Isabel González (PRI) criticó que se trata de “una ley de impuestos disfrazada que termina afectando a los más pobres”.
