Pensiones que van desde 300 mil pesos hasta un millón de pesos mensuales detectó el Gobierno mexicano entre personas jubiladas de la Administración pública federal, condición que la presidenta, Claudia Sheinbaum, calificó de ofensivo porque los beneficiarios, además de cobrar esas «pensiones de oro» del dinero público, continúan su vida laboral en empresas privadas.
“Es ofensivo que haya una persona que reciba del erario público 1 millón de pesos mensuales, ofensivo», subrayó.
«Es ofensivo que haya cientos de personas que llevan años recibiendo 300 mil pesos mensuales de pensión, mientras muchos de ellos siguen trabajando en empresas privadas”, agregó la mandataria.
Tras detectar esas «pensiones de oro», el Gobierno mexicano ya tiene la mira en ellas y revisará su legalidad.
Lo anterior, a pesar de que la mandataria reconoció que todas esas pensiones son legales, pero en muchos casos, lo irregular está en el proceso y discrecionalidad a través del cual fueron asignadas.
“Esas pensiones son legales; cómo se les otorgaron, en muchos casos, fue de manera discrecional, pero son legales. Lo que nosotros estamos viendo es que se pueda hacer una reforma constitucional en donde se reduzcan esas pensiones a algo lógico, racional”, señaló.
Sheinbaum remarcó que a partir de estos casos, el Gobierno federal estudia la posibilidad de impulsar una reforma constitucional para no permitir que existan pensiones onerosas en el sector público porque su financiamiento depende el erario.
Pensiones 140 veces mayor que el promedio
La titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, hizo público un análisis de las pensiones de oro que reciben extrabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Detalló que el padrón de jubilados de LyFC abarca a 14 mil 073 personas y significa un gasto anual de 28 mil 064 millones de pesos. En este grupo hay 9 mil 457 personas, es decir, el 67%, que reciben pensiones superiores a 100 mil pesos mensuales.
Muchas de estas pensiones, acentuó la funcionaria, se pagan desde hace 16 años.
La plantilla se distribuye de la siguiente forma:
- Entre 3,491 – 99,999 pesos mensuales: 4,616 personas
- Entre 100,000 – 199,999 pesos mensuales: 8,540 personas
- Entre 200,000 – 299,999 pesos mensuales: 603 personas
- Entre 300,000 – 399,999 pesos mensuales: 205 personas
- Entre 400,000 – 699,999 pesos mensuales: 75 personas
- Entre 700,000 – 999,999 pesos mensuales: 33 personas
- Más de 1 millón de pesos mensuales: 1 persona
En México, el promedio nacional mensual de lo que cobra una persona en retiro laboral por concepto de pensión es de 7 mil 092 pesos y en instituciones públicas, como el ISSSTE y el IMSS, es de entre 6 mil 676 y 8 mil 400 pesos; es decir, que las pensiones de los jubilados de LyFC son 140 veces mayores que el promedio.
En el caso de Petróleos Mexicanos, Buenrostro precisó que el padrón de jubilados es de 22 mil 316 personas, con un gasto anual de 28,844 millones de pesos. Los pensionados de esta empresa del Estado reciben 39 veces más que el promedio nacional.
El tabulador se distribuye de la siguiente forma:
Entre 240,000 – 259,999 pesos mensuales: 179 personas
Entre 260,000 – 279,999 pesos mensuales: 94 personas
Entre 280,000 – 299,000 pesos mensuales: 133 personas
Entre 300,000 – 319,999 pesos mensuales: 115 personas
Entre 320,000 – 339,999 pesos mensuales: 8 personas
Más de 340,000 pesos mensuales: 15 personas
Esto significa que los pensionados de Pemex reciben hasta 39 veces más el monto del promedio nacional, según lo explicó la funcionaria.
Además, dijo que hay mil 096 casos en los que cada pensión supera el monto anual bruto del máximo establecido en el tabulador salarial vigente de la empresa.
Buenrostro indicó que, para atender este tema, ya iniciaron mesas de trabajo en los que revisan la legalidad de estas pensiones, con la participación de la secretaría a su cargo, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, el IMSS, ISSSTE, INDEP, PEMEX, CFE, SHCP y SABG.
Aagregó que emitirán oficios para regular los registros de todas las entidades de la administración pública federal y la homologación de los expedientes.
También buscarán convenios con el Registro Nacional de Población (Renapo) y los registros civiles de las entidades federativas para agilizar el intercambio de información.
