Una red de presunta corrupción y financiamiento ilegal operaba desde la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), para extorsionar a empresarios gasolineros y obtener recursos con que financiar campañas políticas rumbo a proceso electoral de 2030.
Lo anterior, según declaraciones ministeriales que aportó un testigo y excolaborador de los titulares de la Profeco, Ricardo Sheffield y David Aguilar Romero, ante la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
El portal de noticias, La Silla Rota, informó que tuvo acceso al expediente FED/FEMDO/FEITATA-CDMX/0000899/2024, en el que «Pablo», testigo clave, relata como Bárbara Ruiz Massieu, exdirectora de la Oficina de Defensa del Consumidor Oriente, en la Ciudad de México, presuntamente distribuía dinero en efectivo dentro de cajas de galletas a funcionarios públicos y miembros del crimen organizado.
“Debido a la confianza que le empezó a tener, David Aguilar Romero, durante su función, es que comenzó a pedir que entregara cajas de galletas a diversas personas externas a Profeco. Con el tiempo, David Aguilar Romero le comentó que esas cajas contenían dinero y que la finalidad era financiar la campaña de Ricardo Sheffield para la Presidencia en 2030″, relató el testigo ante el Ministerio Público federal.
Financiamiento ilícito para campaña presidencial de Sheffield
Según el testimonio, David Aguilar Romero instruyó personalmente a Ruiz Massieu —quien usaba el alias “Diana Solórzano” para evitar ser identificada— a entregar las cajas con dinero a distintos destinatarios.
Aguilar le habría revelado a “Pablo” que dichos fondos tenían como propósito financiar la eventual campaña presidencial de Ricardo Sheffield rumbo a 2030.
“Pablo” relató que participó en el embalaje de los billetes y que era consciente de que se trataba del producto de extorsiones (“vacunas”) a propietarios de estaciones de servicio.
Aseguró que el efectivo era recolectado cada jueves, cuando Ruiz Massieu llegaba a las oficinas centrales de Profeco con mochilas y una máquina contadora de dinero.
Primero entregaba los fondos a Ricardo de la Peña Gutiérrez, excoordinador general de administración, en el piso 18, y luego bajaba al séptimo piso con David Aguilar Romero. Allí se contabilizaba el dinero y se registraban las estaciones gasolineras que habían pagado las extorsiones.
«El dinero que le entregaba Ruiz Massieu a Aguilar Romero era por el concepto del recurso recaudado en efectivo proveniente de las ‘vacunas’ de las estaciones de la Ciudad de México, lo cual sabe porque en las reuniones de los jueves, ella especificaba a qué estaciones gasolineras correspondía el recurso que le estaba entregando en ese momento, ella le daba cuenta de cuáles estaciones habían pagado y que era el dinero entregado.
«Estas cuentas las hacía directamente con David Aguilar ya que él era el más cercano a Ricardo Sheffield, entonces le entregaba la parte de dinero que le correspondía a ambos. Una vez que terminaban de hacer dichas cuentas, David Aguilar mencionaba que iba al piso 8, con Ricardo Sheffield y llevaba consigo parte del dinero que había entregado Bárbara”, se lee en la declaración ministerial de “Pablo”.
Vínculos con el crimen organizado
El mecanismo incluía una base de datos en Excel, enviada cada semana por WhatsApp a un teléfono dedicado, con el listado de gasolineras que no habían cumplido con las cuotas de extorsión.
Tras recibir la información, “Pablo” notificaba a Aguilar Romero, quien supuestamente gestionaba la elaboración de un oficio firmado por Sheffield. Dicho documento oficial se utilizaba para exhibir públicamente a las estaciones “incumplidas” durante las conferencias mañaneras del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
Además, algunos de los reportes y denuncias contra gasolineras eran fabricados, permitiendo a Profeco enviar verificadores para aplicar suspensiones arbitrarias.
La investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) revela que, en zonas bajo control del crimen organizado —como aquellas dominadas por el CJNG, Guerreros Unidos y el Cártel de Santa Rosa de Lima—, una parte del dinero de las extorsiones era entregada directamente a los jefes de plaza.
La carpeta de investigación menciona a por lo menos 11 funcionarios y exfuncionarios de Profeco implicados en esta presunta red de corrupción y colusión con el crimen organizado.
Por ello, la FEMDO continúa reuniendo pruebas, incluyendo capturas de pantalla, registros de conversaciones y documentos financieros. Las autoridades analizan el flujo de recursos y su posible uso con fines políticos y de enriquecimiento ilícito.
