En el contexto de la visita oficial a México del subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, John K. Hurley, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de 22 cuentas bancarias pertenecientes a personas físicas y empresas presuntamente vinculadas con el grupo criminal conocido como «La Mayiza», una célula del Cártel de Sinaloa. Entre los titulares de las cuentas congeladas figura una diputada federal del partido Morena.
La UIF informó que esta acción se deriva de la reciente decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU., que designó a siete personas físicas y 15 empresas radicadas en México como integrantes de esta facción del crimen organizado. Dicha designación implica sanciones económicas directas por parte del gobierno estadounidense.
«Derivado de la designación de OFAC y en el marco de los mecanismos de cooperación internacional de los que es parte el Estado mexicano en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la UIF instruyó un bloqueo administrativo», señaló la dependencia.
La UIF explicó que la inclusión de personas y entidades en listas internacionales, como las emitidas por la OFAC, permite al Estado mexicano actuar de forma coordinada con el sistema financiero nacional para impedir la entrada o dispersión de recursos de procedencia ilícita en la economía.
Asimismo, la dependencia subrayó que el bloqueo de cuentas es una medida de carácter preventivo, sin implicar una resolución judicial ni constituir una presunción automática de culpabilidad.
«La eventual incorporación en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva, no una determinación judicial, y no prejuzga la existencia de responsabilidad penal sin elementos probatorios», aclaró la UIF.
Finalmente, la Unidad de Inteligencia Financiera indicó que llevará a cabo un análisis detallado de la información financiera relacionada con las cuentas congeladas. En caso de encontrar indicios de actividades ilícitas, se notificará de inmediato a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se realicen las investigaciones correspondientes.
