Aseguran tonelada de cocaína y armamento tras cateo en inmueble de Tlaxcala

Fuerzas federales integradas por la Fiscalía General de la República (FGR), la Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) decomisaron un cargamento de cocaína que ascendía a mil kilogramos, junto con fusiles de alto calibre y aditamentos tácticos, ocultos en un inmueble de San Diego Xocoyucan, perteneciente al municipio de Ixtacuixtla.

La intervención judicial derivó de un mandamiento de inspección emitido legalmente por la Juez de Distrito adscrita al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Apizaco, especializada en el esquema acusatorio local.

A través de un informe oficial, la SSPC detalló que las indagatorias previas permitieron ubicar este predio, el cual se encontraba presuntamente relacionado con actividades ilícitas de secuestro, cobro de piso y comercio de estupefacientes.

“Los efectivos acudieron a la zona a recopilar datos de prueba, mismos que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó la orden para intervenir el predio ubicado en el municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros”, informó la SSPC en un comunicado de prensa.

El inmueble, conocido como un rancho, se ubica sobre los márgenes de la vía terrestre, en las inmediaciones de las instalaciones correspondientes al Instituto Tecnológico del Altiplano tlaxcalteca, incorporado al TecNM en la citada población de Xocoyucan.

La corporación de seguridad remarcó que, mediante una movilización conjunta organizada, se ejecutó la orden ministerial que permitió confiscar novecientos bloques del alcaloide, seis armas largas, municiones diversas y uniformes operativos.

Por su parte, la FGR pormenorizó que los empaques, distribuidos en bloques de un kilo cada uno, impidieron que circularan cerca de un millón ochocientas mil dosis en el mercado ilegal, asestando un golpe financiero al crimen organizado calculado en 194 millones de pesos.

Los organismos involucrados destacaron el impacto de esta acción táctica para mermar sustancialmente la capacidad operativa y los recursos monetarios de los grupos criminales transgresores.

La totalidad del material incautado se remitió a la representación social competente para la debida integración del expediente judicial, mientras que la finca perimetral fue clausurada y permanece custodiada por agentes policiales.

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